El gobernador Maximiliano Pullaro habló ayer en conferencia de prensa sobre las intenciones de una reforma previsional en la Provincia y la constitución de una comisión en la Legislatura para debatir este tema en particular.
«Quiero ser muy claro porque vi en términos generales, en redes sociales, que se ha mentido mucho. No vamos en contra del 82% mínimo, no queremos joder a nadie, vamos a defender los derechos de los jubilados y de los trabajadores, pero hay que ser honestos si asumimos este debate. Es un debate incómodo que tenemos que darlo, hoy la Caja Jubilatoria tiene un déficit de 23 millones de pesos por mes, y es un tema que más temprano que tarde, la provincia lo va a abordar, porque va a explotar y cada vez se hace más grande» aclaró.
En este marco, proponen «que se arme una comisión, que haya legisladores, trabajadores, pasivos y se discuta la situación de una ley que tiene muchos años, hecha para otra época en la que la gente vivía menos. Eso cambia las condiciones y la ecuación de la Caja que hoy en día tiene un déficit muy importante».
«Creo que un kiosquero de Rafaela, con sus impuestos, no tiene que sostener la jubilación del sector público» concluyó sobre el tema.
Según establece el artículo 3 del proyecto, la comisión estará integrada por los presidentes o presidentas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación de la Cámara de Senadores y Diputados que ocuparán la presidencia y la vicepresidencia respectivamente).
Se reservarán lugares para tres senadores “preferentemente” miembros de la comisión Asuntos Constitucionales, tres diputados o diputadas “preferentemente” miembros de la comisión de Seguridad Social y Asuntos Laborales.
También se contempla un lugar para representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Por otra parte, el texto establece que se podrán integrar a la mesa de discusión el Defensor del Pueblo, jueces o juezas competentes en la materia de seguridad social.
En esa misma línea, el Ejecutivo podrá proponer a representantes de las organizaciones de jubilados y pensionados y representantes de las organizaciones de trabajadores estatales. A su vez, el proyecto contempla que los bloques legislativos y las organizaciones que no integren la comisión puedan designar a una persona para que participe como observador.