El capítulo judicial es uno de los más complejos de la reforma constitucional. Las negociaciones para llegar a un acuerdo dentro del oficialismo en comisión –la “unidad hasta que duela” de la que tanto se habló en Unidos– fueron largas y trabajosas. Pero, ya se corroboró en otros temas, la voluntad del frente gobernante es llegar a acuerdos más amplios aún y en pos de eso este martes se analizaban cambios al dictamen de mayoría, con la idea de sumar votos opositores para la sesión plenaria de este miércoles. Si hay algo que Maximiliano Pullaro no quiere es que esta sea vista como una Constitución fruto de la imposición y no del diálogo.
El texto final debe definirse en el seno de la comisión Redactora, que programó para este martes una reunión con la de Justicia. Pero la misma pasó a un cuarto intermedio apenas empezó, justamente con la idea de construir un consenso mayor.
Presiones había de sobra: de las asociaciones de magistrados que piden cambios en los mecanismos de nombramiento y juzgamiento de magistrados. De la Corte Suprema, que plantea reparos al estatus del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como organismo extrapoder. Del propio MPA que quiere garantizarse la mayor independencia posible. Como telón de fondo, el propio Poder Judicial debe definir sobre el planteo de inconstitucionalidad que sobre todo el proceso de reforma realizó La Libertad Avanza.
“Hay varios temas en discusión aún”, dijeron fuentes del peronismo a Rosario3. Ese sector acompañó hasta ahora a Unidos en casi todas las votaciones en general. Desde el oficialismo, Lisandro Enrico, presidente de la comisión de Justicia, aceptó en declaraciones a la prensa que una de las cuestiones en debate es cómo termina el sistema de enjuiciamiento de jueces y fiscales.
El tema es delicado porque es discusión de poder real. De cómo se equilibran los poderes entre sí. Y todos ponen intereses en juego: el Ejecutivo, el Legislativo y, claro, el propio Poder Judicial.
Los puntos principales del dictamen de mayoría que salió de la comisión de origen, un mix entre los proyectos de la UCR y el socialismo, son los siguientes:
Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia pasará a estar integrada por siete ministros. Su composición “procurará la paridad de género y la representación territorial, de acuerdo con lo que establezca una ley especial”.
La designación seguirá a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los ministros conservarán la inamovilidad mientras mantengan idoneidad y cesarán de pleno derecho a los 75 años, sin posibilidad de prórroga. Esto seguramente fortalecerá, luego de la reforma, el embate del gobernador Maximliano Pullaro contra los tres magistrados del máximo tribunal que superan esa edad. Seguirán sujetos a juicio político, mientras que los demás jueces tendrán un mecanismo específico de enjuiciamiento.
Ministerio Público
El dictamen de mayoría incorpora una sección dedicada al Ministerio Público, que se define como “un órgano independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera”. Se divide en el Ministerio Público de la Acusación, encargado de la persecución penal con énfasis en la protección de las víctimas, y el Ministerio Público de la Defensa, que debe garantizar el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. El esquema es similar al que establece el artículo 120 de la Constitución nacional, incorporado en la reforma de 1994.
Los organismos estarán encabezados por un fiscal general y un defensor general, designados por el Ejecutivo con acuerdo legislativo. Duran cinco años en el cargo y pueden ser reelegidos por un único período, que era lo que proponía el PS. La UCR quería que el mandato coincidiera con el gobernador, pero sus socios en Unidos y los sectores de la oposición entendían que eso le restaba independencia.
Designación y juzgamiento
La designación de jueces, fiscales y defensores seguirá siendo facultad del Ejecutivo con acuerdo legislativo, con un paso previo: concursos “transparentes, públicos y con participación ciudadana”.
Para ello se crea el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, un órgano técnico que funcionará en el ámbito del Ejecutivo. Estará integrado por un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado de los colegios profesionales y un académico de universidades públicas.
Ese Consejo organizará concursos y convocará a los jurados. Los concursos no se harán cuando se produzca la vacante sino por anticipado, para tener listas de aspirantes de reserva. Según el fuero en el que haya que cubrir un cargo, se propondrán al gobernador los posibles aspirantes sin un orden de mérito determinado. El mandatario escogerá de la nómina elevada, con su propio criterio, el nombre para enviar el pliego a la Asamblea Legislativa. Este punto es cuestionado por la oposición y las asociaciones de magistrados, que reclaman un orden de mérito vinculante
Para el juzgamiento de magistrados, fiscales y defensores se crearán tribunales ad hoc integrados por un magistrado o miembro del Ministerio Público, dos senadores, dos diputados y dos abogados. Es decir, cuatro representantes políticos y tres de la corporación judicial. Este es otro punto de cuestionamiento de los estamentos judiciales, que entienden que hay un desbalanceo a favor de la política. Para el gobierno, eso es necesario para que haya control cruzado entre los poderes.