Esta mañana, organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en todo el país en rechazo a la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. En Santa Fe, la manifestación se realizó en la Plaza 25 de Mayo.
La protesta federal, impulsada desde el Foro Permanente Discapacidad, se organizó ante la circulación de un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que equipara –desde hace 25 años- los aranceles de las prestaciones para distintas obras sociales.
Según denuncian, el proyecto buscaría eliminar el costo único para prestaciones, un logro de las organizaciones civiles para las personas con discapacidad que se logró a partir de 1997 y que facilita el acceso a la atención. El nuevo texto establece que cada financiador podría poner su valor, lo que provocaría, en principio, que 200 mil personas se vean afectadas para acceder a la cobertura.
Gabriela Ortolochipi, perteneciente a la Unión de Entidades de y para Discapacitados, explicó «este sistema que funciona hace 25 años garantiza la universalidad del acceso a las prestaciones de apoyo, que son Centros de Día, Educativos, Hogares, Transporte y la atención profesional en consultorios. De promulgarse esta medida entraría en vigencia automáticamente y pondría en desigualdad total a las personas con discapacidad, más allá de la cobertura de obra social que tenga. Hay casos que la persona con discapacidad necesita este tipo de prestaciones durante toda su vida».
En tanto, la profesional Violeta Yossen agregó: «lo que fue muy importante en nuestro trabajo, es que a lo largo de los años todos respetaron el arancel fijado para las prestaciones. De esta manera, siempre fue accesible para todas las personas con discapacidad. Incluso para las que no tienen recursos, porque si alguien no tiene obra social porque está incluido en el programa Incluir Salud».
Los riesgos de desregular
“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director libertario de la Andis y abogado de Milei en distintas oportunidades.
Apenas comenzó a circular información sobre este proyecto de decreto, el Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) emitió un comunicado para explicar “por qué el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas debe ser único”.
“Romper la política de arancel único para todos los financiadores del Sistema es poner en riesgo la universalidad de la calidad de las prestaciones y servicios del sistema, porque el nomenclador está indisolublemente asociado a la calidad de las prestaciones que exige el Marco Básico para todos los prestadores registrados. Si ANDIS no va a regular el sistema y el Directorio no va a establecer los aranceles para que cada financiador pague distintos montos, se corre el riesgo de que los criterios que sigan para establecer los aranceles no aseguren la calidad que caracteriza al sistema desde su origen”.
Si eso ocurre “será una consecuencia inevitable que los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accedan a prestaciones de menor calidad. Por todo esto, que cada financiador tenga sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas para todo los financiadores del Sistema conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad, y resultaría una medida contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se trataría de una medida de política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad”.