El concejal Claudio Minetto solicitó al resto del cuerpo Deliberante acompañamiento en la adhesión al Proyecto de Ley ingresado en la Cámara Baja por el Diputado Provincial Dr. Miguel Rabbia. Es sobre el pedido de emergencia pública en materia de discapacidad en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe.
El escrito establece la necesidad de declarar la «Emergencia Pública en Materia de Discapacidad» en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe por el plazo de 2 (dos) años, con la finalidad de profundizar y ampliar las políticas públicas de protección vinculadas a la atención, cuidado y asistencia a personas con
discapacidad».
«Será autoridad de aplicación de la presente ley, de forma conjunta, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y el Ministerio de Salud. Ellos quedarán facultados para disponer las acciones administrativas necesarias para dar cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad tanto nacional como provincial, garantizando la continuidad de las prestaciones, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la Provincia de Santa Fe.
Además, podrán disponer, por el plazo que dure la emergencia, el aumento del valor de las prestaciones en materia de discapacidad abonado por el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (I.A.P.O.S.) a los profesionales e instituciones, efectivizando los pagos en un plazo máximo de treinta (30) días corridos como establecer medidas para la regularización de deudas tributarias y de servicios públicos de energía eléctrica y agua y saneamiento, específicamente como: condonación de intereses, multas y demás sanciones y generación de planes de pago.
También podrán arbitrar mecanismos institucionales de diálogo y consultas estrechas con las personas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, y con los prestadores de servicios a su favor y toda otra medida a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo primero.
Finalmente, se busca crear una mesa de seguimiento integrada por 2 (dos) representantes del Poder Ejecutivo, 2 (dos) representantes del Poder Legislativo y representantes de organizaciones de personas con discapacidad y prestadores de servicios, con el fin de monitorear el cumplimiento efectivo de la
presente norma durante el período de emergencia.