El dinero se exigía a cambio de “la prote”. Con esa frase breve, más de treinta comerciantes fueron contactados por extorsionadores que reclamaron un pago a cambio de una supuesta “protección” para que pudieran trabajar “en paz” y evitar balaceras contra sus locales.
“Tenés dos opciones. Bloquear y poner en riesgo a tu familia. O charlamos y llegamos a un acuerdo favorable”, proponían, en su versión más diplomática, quienes decían actuar en nombre de algún célebre jefe narco o se identificaban de manera más espectral como “la mafia”. Seis personas, entre ellas tres internos de la cárcel de Coronda, fueron imputadas este lunes como quienes gestionaron ese negocio extorsivo entre los meses de diciembre y febrero.
El fiscal Pablo Socca imputó en total 31 hechos extorsivos a tres detenidos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 y a tres mujeres de su entorno familiar por extorsiones consumadas o en tentativa. El principal acusado, Miguel Angel “Popper” R. llegó a acumular más de veinte casos por llamados o mensajes amenazantes desde un celular que le atribuyen haber usado en prisión. Está preso acusado de integrar la banda de Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, a la que se le atribuyen atentados, algunos en favor del narcoempresario Esteban Alvarado.
El teléfono de Popper fue intervenido y allí se detectaron conversaciones con su novia en las que decía tener “toda la cabida” de sus superiores en la organización criminal para dedicarse al negocio extorsivo. “Me hablaron re bien. Corte dale para adelante, hacé plata. Nadie me va a decir nada. Tengo todo el respaldo, todo”, dijo en una charla de febrero pasado para despejar las dudas de la chica, a quien instruyó sobre cómo ubicar a potenciales víctimas o, en su jerga, “gente que luquee plata”.
“¿Sabés lo que tenés que hacer? Entrás a un Facebook y buscás un par de publicaciones de gente con plata. Buscá los que venden, te dejan el número. Rescatame cuatro o cinco números”, le explicó a la chica, a quien incluso le pidió el teléfono de dueña de una tienda donde se compraba ropa. “Pero no sé si tiene plata”, objetó ella. “Pero cien palos tiene que tener. Y en cuotas aunque sea. ¿Tiene una hija, algo, la doña?”, indagó el preso.
Facilidades de pago
La modalidad no es nueva, pero en este caso tenía la particularidad de que ofrecían a las víctimas la opción de pagar mediante transferencias bancarias. Los extorsionadores hacían gala de estar bien dateados sobre los familiares o bienes de las víctimas e incluso les enviaban fotos. En dos casos, los amenazados fueron familiares directos de Popper. Del resto —dueños de peluquerías, pizzerías o comercios de barrio— se cree que obtenían la información a través de internet, de conocidos que actuaban como informantes o de redes sociales.
En la audiencia de este lunes Popper fue imputado en 22 hechos. Su pareja Agustina L. fue acusada de haber recibido pagos en su cuenta bancaria en dos ocasiones. El preso Emanuel F. fue implicado en dos hechos y su pareja María Laura M. fue ligada a un pago. El también detenido Esteban M. fue ligado a tres hechos y a la suegra de otro preso de Coronda, Laura V., le atribuyen haber recibido en su cuenta dinero obtenido de manera extorsiva. La jueza María Trinidad Chiabrera resolvió dictarles a todos los imputados la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.
Los casos comenzaron a denunciarse en diciembre pasado y la investigación dio un primer paso en la primera quincena de enero, cuando una pareja fue imputada por extorsionar a comerciantes de la zona de bulevar Oroño entre Seguí y Uriburu. Les exigían 50 mil pesos semanales o un único desembolso de 250 mil pesos bajo amenaza de balear sus locales. Les ofrecían un CBU si a la víctima le quedaba más cómoda esa opción de pago. La pesquisa condujo a un preso acusado de robo calificado, Brian Ezequiel F. y a su pareja María Belén P., detenida en su casa de zona sudoeste.
A partir de una nueva oleada de casos denunciados en febrero, entre el miércoles y el viernes pasado fueron detenidas otras tres mujeres vinculadas a extorsiones que hacían presos de Coronda y acusadas de prestar sus números de CBU para que se depositara el dinero de las amenazas. Agustina L,, de 19 años, fue apresada en una casa de Luzuriaga al 3900. Laura V., de 46, se presentó en la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Y María Laura M. fue demorada en la cárcel durante el horario de visita y se le secuestró un celular envuelto en cinta aisladora que intentaba ingresar a un pabellón.
Los aprietes alcanzaron a dueños de panaderías, verdulerías, peluquerías, empresas de materiales para la construcción o quioscos. En algunos casos decían hablar en nombre de “Los Cantero”, en otros de “Alan Funes», condenado por homicidio y preso como referente de una banda criminal. Aunque lo más frecuente era que exigieran “la prote” en nombre de la mafia o como “los dueños de la zona”.
En cuanto a las transferencias por CBU, se trataba de “cuentas todas que estaban a nombre de sus parejas, quienes extramuros reciben el dinero e inmediatamente lo extraían de las cuentas bancarias”, dijo el fiscal.
Si bien las víctimas denunciaron las graves amenazas u ofrecieron capturas de pantalla de los mensajes, las escuchas al celular atribuido a Popper dejaron al desnudo más diálogos extorsivos en tiempo real. Uno fue el que, según la acusación, mantuvo el 14 de febrero con una comerciante de Rosario. “No tenemos local con atención al público pero podés venir y te mostramos los salamines y llevás lo que vos quieras”, dijo la mujer. La respuesta desde prisión fue lacónica: “Bueno, yo te hablo de parte de la mafia. Si ustedes no nos dan la prote —no cortes, no te asustes—, si no nos dan la prote los vamos a recagar a tiros”.
«Escuchá vieja. Si no me das 100 mil en cuatro horas te saco la casa. Somos la mafia. Pagás o te matamos a vos o a cualquiera que pise la casa”, fue otra amenaza al inicio de la saga, recibida el 12 de diciembre en su celular por una mujer de la zona sudoeste de Rosario. Días después, un hombre de Zavalla comenzó a recibir mensajes de WhatsApp en los que le decían que necesitaban hablar con él en forma urgente: “Te habla la mafia. Tenés cuatro horas para pagar 150 mil pesos. Sabemos sus movimientos, dónde trabajás y los horarios que manejan, todo. Es la prote. Plata o plomo”. Al dueño de una pizzería le exigieron que “junte los 500” y le dieron detalles de sus horarios, los de su hija y su auto. Los casos se repiten por decenas.
En algunos, las víctimas cedieron a la extorsión. La dueña de un almacén cercano al súper Libertad remitió 60 mil pesos al CBU que le aportaron. Un vecino de Villa Gobernador Gálvez remitió 33 mil pesos en febrero, luego de que lo llamaran diciéndole que iban a ir a su casa si no pagaba. Otro hombre de la misma ciudad transfirió 130 mil pesos tras recibir amenazas de muerte.
Las escuchas revelaron actividades del preso R. en la gestión de quioscos de droga en barrio Tablada. Y el llamado extorsivo a un hombre que tenía casas en alquiler a quien, luego de interesarse por fechas disponibles, le blanquearon el motivo del llamado: “No sé si vos entendés lo que es el tema de la protección y todas esas cosas. Sabemos que no andás en nada raro pero tenés un par de casitas en alquiler y hay alguien cerca de tu familia que te está entregando en bandeja”. Le propusieron un acuerdo “para que no pase a mayores”: el pago de 150 mil pesos, si no “van a detonar a tiros”. El hombre se negó. El preso avisó que sus superiores harían “lo que tienen que hacer”.
La Capital