En un comunicado reciente, FESTRAM advirtió a los Intendentes y Presidentes Comunales para que “se preocupen y ocupen en participar en defensa de los recursos económicos de sus comunidades”, frente a los “cantos de sirenas” de cierta dirigencia política que plantea a la autonomía como la solución a casi todos los males que sufren las ciudades.
«Avanzan en la Convención Constituyente sin aclarar de donde saldrán los fondos, características de la misma, alcances y por sobre todo diferencias en su implementación entre localidades grandes y pequeñas, con las consecuencias que eso puede tener» dijeron.
«Los titulares de los ejecutivos locales deberían saber que hoy, y sobre este tema en particular, el silencio no es salud, sino complicidad y que las consecuencias de no tomar postura, implicará un impacto brutal sobre los recursos y posibilidades de gestión de sus administraciones» agregaron.
Se ha conocido en las últimas horas, una propuesta concreta, presentada por Mesa de Entrada de la Convención, en donde se hace expresa mención a que “en las comunas y municipios se olvidaron de lo que es el respeto inamovible de la propiedad privada y el respeto por la propiedad preexistente.”
Es decir, las instituciones que responden a las patronales del campo y sus representantes en lo político, buscan limitar y/o eliminar todo tipo de impuestos a los emprendimientos rurales, lo cual desfinancia especialmente a las Comunas y le pone límites concretos a las Ciudades.
«Esta es la gravedad de lo que está en juego en esta Convención y venimos señalando. Hay intereses económicos precisos, que tras el discurso de reducir el control o las atribuciones de los estados locales, buscan preservar y acrecentar sus ganancias» opinó la Federación.
Es tal el avance en la materia que los proyectos de referencia plantean cuestionamientos a los ¨límites agronómicos” –tema ya zanjado por la Justicia en nuestra provincia defendiendo la salud y la vida de la población contra los intereses explicitados entre otros por la Sociedad Rural- tratando de darle un rango constitucional a sus iniciativas argumentando “desconocimiento o sesgo ideológico” en las resoluciones en dicha temática.
«¿Frente a una Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya fijó precedente con la inconstitucionalidad del DREI y la Tasa por hectárea, hasta cuándo los intendentes y presidentes comunales van a permanecer callados, siendo funcionales al despojo que se avecina?» finalizaron.