En una sesión maratónica, donde se trataron diversos temas de suma relevancia para el Gobierno Nacional, el Senado aprobó el proyecto para convertir en ley la Emergencia en Discapacidad. La votación fue aprobada por unanimidad, con 56 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención.
Un proyecto largamente esperado por las organizaciones del colectivo. El nivel de consenso alrededor de la iniciativa fue similar al que había obtenido hace un mes en la Cámara de Diputados, donde superó cómodamente los dos tercios. Las familias, las ONG y los profesionales del sector acompañaron la sesión desde la calle para visibilizar la crisis que atraviesan.
La norma, entre otros puntos, establece aumentos urgentes para los prestadores de servicios de salud, educación, rehabilitación y transporte, cuyos ingresos están congelados desde hace siete meses; y corrige las restricciones impuestas por el Gobierno para acceder a las pensiones por invalidez. Todo con un costo fiscal de entre el 0,2 y el 0,4 por ciento del PBI, según estableció la propia Oficina del Presupuesto del Congreso.
Aún así, el Presidente, momentos después de la Sesión, avisó que la vetará, como hará con todo el paquete aprobado este jueves en la Cámara alta.
Ley de Emergencia en Discapacidad
El proyecto de ley declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Su objetivo principal, según el texto, es efectivizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado asumidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional.
Los puntos centrales que plantea es el Financiamiento de pensiones, es significa disponer el financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad. Además, el apoyo a prestadores, lo que implica fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 con un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias y de la seguridad social. Esto incluye la condonación de intereses y multas, y la refinanciación de planes de pago.
También la actualización de aranceles, implementar la actualización mensual del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, una de las demandas centrales del sector. Sumado al financiamiento de la ANDIS, esto es asegurar los fondos para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad y sus programas.
Dentro de los puntos importantes está el Empleo protegido, busca garantizar el cumplimiento de la Ley 26.816 de Empleo Protegido, con la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al Salario Mínimo, Vital y Móvil.