Este sábado 21 de junio comenzará a regir en toda la provincia de Santa Fe el Código Procesal Penal Juvenil, una reforma legal que cambia por completo el abordaje judicial de los delitos cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años.
La normativa, aprobada por la ley provincial N.º 14.228, elimina la histórica Justicia de Menores y da paso a un sistema de enjuiciamiento acusatorio, público y oral, en línea con el modelo penal vigente para adultos desde 2014.
El cambio, impulsado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), implica que desde ahora los casos protagonizados por menores serán investigados por fiscales especializados, con la posibilidad de imputación y enjuiciamiento. Para ello, se crearon nuevas estructuras, se capacitó al personal judicial y se adaptaron sedes y sistemas informáticos en toda la provincia.
“La puesta en marcha de este sistema, junto con el juicio por jurados, nos permite decir que el proceso penal en Santa Fe se encuentra completamente adecuado a la Constitución”, afirmó la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien encabezó la implementación desde el MPA. A su vez, recordó que el nuevo régimen alcanza a adolescentes imputables —de 16 a 18 años— que cometan delitos cuya pena mínima supere los dos años de prisión, pero también contempla el abordaje institucional de menores de 16, aunque no puedan ser penalmente condenados.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código, los antiguos juzgados de menores dejarán de funcionar, y todo el proceso penal recaerá en el sistema acusatorio. Esto significa que el fiscal investigará el hecho, reunirá pruebas y elevará la causa a juicio, donde intervendrán defensores y jueces especializados.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia acompañó el proceso mediante capacitaciones obligatorias para los nuevos operadores judiciales y la reorganización institucional necesaria para garantizar el traspaso de causas, estructuras y personal.
En términos concretos, la reforma incorpora herramientas como el juicio abreviado y la probation para menores. También establece nuevos criterios para la prisión preventiva, que deberá evitar el alojamiento de adolescentes junto a adultos, salvo excepciones. Las penas, en caso de corresponder, se cumplirán recién a partir de la mayoría de edad, en espacios especialmente habilitados para jóvenes.
Fiscales especializados y nuevas sedes
Vranicich detalló que para garantizar la implementación, se crearon Unidades Fiscales Especializadas en Responsabilidad Penal Adolescente en cada circunscripción y una unidad provincial de coordinación —la UFERPA— a cargo de la fiscal Carla Cerliani.
Además, nueve nuevos fiscales y más de 60 empleados fueron incorporados al MPA desde las antiguas asesorías de menores y secretarías penales. Paralelamente, se desarrolló un nuevo sistema informático, Clio, que centraliza el historial de causas vinculadas a menores, complementando al sistema Heimdall del MPA.
En Santa Fe y Rosario se habilitaron nuevas sedes específicas, mientras que en otras localidades el MPA utilizará edificios judiciales existentes o compartirá espacio con los Centros de Justicia. Según los fiscales Carlos Zoppegni y Diego Rodríguez y Barros, la reforma también promueve un enfoque restaurativo, donde se priorizará evitar condenas y, cuando sean necesarias, aplicar sanciones proporcionales a la edad y contexto del adolescente.
Un punto relevante es que, aunque los menores de 16 años no puedan ser penalmente responsabilizados, el MPA abrirá investigaciones orientadas a esclarecer los hechos, garantizar derechos y activar dispositivos de protección estatal. Por su parte, las víctimas podrán participar activamente en el proceso, presentarse como querellantes y colaborar en la recolección de pruebas.
“La reforma representa un paso trascendental para todo el sistema judicial santafesino”, concluyó Vranicich. “Se trata de un modelo más transparente, eficaz y acorde a los estándares constitucionales, que a la vez garantiza derechos y responsabilidades para adolescentes y víctimas por igual”.
Uno Santa Fe