Una investigación que se extendió por casi tres años y abarcó desde allanamientos en barrios populares de Santa Fe hasta requisas en el norte provincial y unidades penitenciarias culminó con la condena de nueve personas acusadas de integrar una red de distribución y comercialización de estupefacientes.
La organización tenía puntos de operación clave en los barrios Eva Perón, Abasto y La Ranita de la ciudad de Santa Fe, así como en el barrio Estación de Malabrigo, desde donde se articulaba la distribución hacia otras zonas del territorio.
Según la acusación, el grupo operaba en forma coordinada, incluso desde la cárcel de Coronda, con roles definidos entre vendedores, transportistas y organizadores.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, integrado por el juez Luciano Lauría, y alcanza a Doris Leiva (44), Palmira Gorosito (43), Alexis Patricia Oviedo (34), Jesica Yamila Oviedo (32), Roberto Carlos Zaracho (48), Inés Soledad Vallard (39), Julio César Domínguez (39), Juan Ignacio Figueroa (40) y Cristian Antonio Vera (38).
Todos fueron condenados por el delito de confabulación para el tráfico de estupefacientes, y varios de ellos también por tenencia con fines de comercialización y tenencia de armas.
La sanción fue el resultado de un juicio abreviado, a instancias del fiscal general Martín Suarez Faisal y los abogados Mariana Rivero y Hornos -defensora pública-, Luis Carlos Rittiner, Ignacio Alfonso Garrone y Pedro Búsico -defensores particulares-.
La causa se inició formalmente el 18 de noviembre de 2022, cuando la Fiscalía Federal de Reconquista puso el foco en Leiva y Gorosito, ambas de Malabrigo, por presuntas maniobras de venta de droga. A partir de allí se desplegaron tareas de inteligencia y escuchas telefónicas que revelaron una red activa con vínculos entre el norte provincial y barrios periféricos de la capital santafesina.
El 5 de julio de 2023 se realizaron 6 allanamientos simultáneos, dos en Malabrigo y cuatro barrios de la zona norte de Santa Fe, además de requisas en las celdas N° 5 y 13 del pabellón 9 de la cárcel de Coronda, donde estaban alojados Figueroa y Vera, sindicados como organizadores de la logística desde prisión.
En los procedimientos se incautaron dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización y teléfonos celulares con registros de venta. A Leiva, por ejemplo, se le secuestraron 16 gramos de cocaína, además de 9,9 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína en su bolso al ser detenida en un colectivo en Ruta 11, en un operativo de control en el cruce con la ruta provincial 98.
Las penas impuestas oscilan entre dos y tres años de prisión. En el caso de Jesica Yamila Oviedo, la condena fue más severa por la tenencia de un arma de guerra. La Justicia también dispuso la declaración de reincidencia para Leiva y Vallard, quienes ya contaban con antecedentes penales.
Pese a las condenas, varios de los imputados llegaron al dictado de la sentencia en libertad, ya que se les había concedido la excarcelación previamente, una vez firmado el acuerdo de juicio abreviado. Entre los beneficiados, se encuentran Domínguez, Vallard, Leiva, Oviedo (Alexis y Jesica), Gorosito y Zaracho.
El fallo destaca que la organización operaba con una lógica descentralizada, donde la droga circulaba entre Malabrigo y Santa Fe, valiéndose de vínculos personales y familiares, y utilizando incluso la cobertura de actividades lícitas, como ventas desde domicilios particulares o comercios de barrio.
Las comunicaciones telefónicas entre los implicados —presentadas como prueba clave— reflejan un entramado activo, con pedidos, precios ajustados por el dólar y referencias a eventos como la Fiesta del Surubí en Goya, utilizados como puntos de encuentro o cobertura para movimientos de droga.
Cristian «Gusano» Vera: femicida y narco
Cristian Antonio Vera, conocido como «El Gusano», es un hombre de 39 años, oriundo de Santa Fe, cuya historia criminal está marcada por un resonante caso de femicidio.
En 2016, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Griselda Noemí Correa, ocurrido en 2013 en el barrio El Abasto. La víctima fue asesinada frente a su madre y su hija de 9 meses con más de seis disparos de arma de fuego. Antes del crimen, Griselda había denunciado a Vera por violencia de género en dos comisarías, pero no recibió la protección adecuada.
Tras el asesinato, Vera se dio a la fuga y fue detenido en 2014 en una cárcel de Córdoba bajo una identidad falsa. Estaba involucrado en una causa federal vinculada al narcotráfico.
Actualmente, Vera cumple su condena en el pabellón 9 del Instituto Correccional Modelo U.1 de Coronda. Desde allí, en 2023, formó una red de comercialización de estupefacientes junto a Figueroa, un sicario vinculado al narcotraficante Héctor «Patrón» Gallardo. La organización operaba desde el penal y distribuía cocaína en Santa Fe y el norte provincial, utilizando mujeres como intermediarias.