El Gobierno nacional dispuso, a través de la resolución 267/2024, que las provincias y municipios no podrán incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios públicos esenciales, como luz, gas y agua. La medida obliga a que las boletas reflejen únicamente el costo del servicio contratado, quedando prohibida la incorporación de conceptos ajenos a su naturaleza.
Entre lo que se prohibió figuran tasas de seguridad e higiene, aportes a bomberos o contribuciones para hospitales municipales, etcétera.
Esta disposición la tomó en el marco del lanzamiento de una reforma del sector energético, que incluye la desregulación del mercado eléctrico y la fusión de los organismos reguladores Enre y Enargas.
Dentro de este esquema también decidió que las facturas de los servicios de gas y electricidad no podrán incluir el cobro de tasas municipales, una pretensión que intenta imponer desde hace varios meses, pero hasta ahora sin éxito.
El gobierno definió estas medidas antes de que venza el plazo la delegación de facultades que le había otorgado el Congreso nacional para llevar adelante el proceso de desregulación en distintos sectores de la administración pública nacional.
Cobro de tasas municipales
Respecto del cobro de las tasas municipales en las facturas de los servicios públicos, el Poder Ejecutivo fue taxativo en el Artículo 40 del Anexo 2 del Decreto 452: “Los distintos conceptos se discriminarán en la factura al usuario, la que no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados”.
El gobierno persigue este objetivo desde septiembre del año pasado cuando el Ministro de Economía sacó una resolución en este sentido, que no fue acatada por los gobiernos locales e incluso fue objeto de sentencias judiciales a favor y en contra.
Luis Caputo intentó armar un esquema de sanciones para las empresas que lo seguían cobrando, invitando a los usuarios a realizar denuncias por este cobro, con parcial eficacia.
Frente a este escenario, la desregulación del sector incluyó nuevamente esta prohibición a la espera de que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión, que es, finalmente, si el Gobierno nacional tiene la potestad de decirle a los municipios qué pueden y qué no pueden incluir en las boletas de servicios públicos.
Al estar en una misma factura los cargos de los servicios y las tasas municipales, los intendentes se aseguran el dinero para el financiamiento de sus estructuras políticas. En caso de dividirse, correrían el riesgo de que los usuarios sólo paguen la luz y el gas y no los impuestos municipales, lo cual pondría en riesgo el financiamiento local.
El gobierno quiere que se separe para evitar quedar como responsable de aumentos, que en muchos casos son desmedidos, y desglosar qué monto es por el servicio de electricidad y gas y cuál es por impuestos municipales.