El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe dictó el procesamiento con prisión preventiva para un hombre acusado de haber realizado los llamados extorsivos durante un secuestro ocurrido en 2023, que tuvo como víctima a un joven de 27 años con discapacidad e insulinodependiente.
La víctima fue capturada en la localidad de Gálvez y permaneció cautiva durante 12 horas, hasta que fue liberada sin que se pagara el rescate que exigían sus captores –inicialmente fijado en 200 mil dólares–. Por este hecho, el año pasado ya fueron condenadas tres personas.
El juez Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al pedido del fiscal general Martín Suárez Faisal y del auxiliar fiscal Nicolás Sacco, y procesó al nuevo imputado, identificado como Jorge Osvaldo «Puré» Cabrera (33), como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado, por tratarse la víctima de una persona con discapacidad y por la participación de tres o más personas. Además, le dictó un embargo de 2 millones de pesos.
El 18 de octubre de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a 13 años de prisión a los hermanos Franco y Martín Quevedo, e impuso 11 años de prisión a su cuñado, Jonatán Petri, empleado administrativo del Ejército. Los tres fueron considerados coautores del mismo delito por el que ahora fue procesado el cuarto implicado. Esa sentencia fue confirmada en abril pasado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
La investigación determinó que la madrugada del 14 de abril de 2023, la víctima –identificada como N. M.– fue secuestrada cuando regresaba en bicicleta a su casa tras trabajar en un bar de Gálvez. El joven, que padece el síndrome de Kabuki y es insulinodependiente, fue trasladado por los hermanos Quevedo unos 100 kilómetros en el auto de uno de ellos hasta una casilla de madera ubicada en el fondo de una propiedad en la localidad de Andino. El lugar, según se comprobó, pertenecía a Petri y a su esposa, hermana de los Quevedo.
Durante el cautiverio, los secuestradores realizaron llamados extorsivos desde el celular de la víctima al teléfono de su madre, exigiendo el pago de un rescate. El monto inicial fue de 200 mil dólares, pero luego fue reducido a 5 millones de pesos. Los captores indicaron que el dinero debía ser entregado en una estación de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe, aunque luego cambiaron el punto de entrega: debía arrojarse un bolso con la plata debajo de un puente del río Carcarañá. La liberación, aseguraron, se concretaría en un camino rural entre Ricardone y Aldao.
El pago finalmente no se realizó. Los padres del joven no pudieron ubicar el lugar señalado y, mientras intentaban llegar, recibieron el aviso de que su hijo había sido hallado a salvo por un vecino en el punto previsto para su liberación.
Cabrera, el cuarto implicado, fue detenido el pasado 28 de mayo. La clave para su imputación surgió de un peritaje de audio realizado por la Sección Acústica Forense de la Policía Federal Argentina (PFA), que encontró coincidencias entre su voz y la de quien realizó los llamados extorsivos desde el teléfono de la víctima al de su madre.
“No es joda. 200 mil dólares o no lo ve más. Si llama a la cana, no lo ve más. Ni una palabra a nadie. Una hora” (sic), fue el primer mensaje de audio que la madre de N. M. recibió desde la línea de su hijo.
Esa y otras comunicaciones fueron comparadas por los peritos con audios extraídos del celular del condenado Petri, enviados a través de WhatsApp en conversaciones con Cabrera, ahora procesado. Según la fiscalía, la similitud de voces fue «definitivamente ratificada» por un informe de geolocalización elaborado también por la PFA, que determinó que el celular del acusado replicó el mismo recorrido que el teléfono de la víctima y el de Martín Quevedo durante la negociación extorsiva.
La fiscalía logró reconstruir que el acusado es también familiar de los condenados: es cuñado de los hermanos Quevedo y concuñado de Petri. Trabajaba en la obra en construcción de la casa de Andino donde se mantuvo secuestrada a la víctima y, tras el hecho, continuó trabajando allí.
Rosario 3